COMUNICADO DE LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION Y LA CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE MELILLA (CEME-CEOE), DÑA. MARGARITA LÓPEZ ALMENDÁRIZ


Ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación y en referencia a la posible instalación de una gran superficie en los terrenos conocidos como “Cuartel de Valenzuela”, debo manifestar que siempre me he posicionado en contra del establecimiento de una gran superficie, tanto desde la presidencia de la CEME- CEOE como desde la Presidencia de la Cámara de Comercio.

Esta oposición que arranca en el año 1996, con el Proyecto de instalación de la Explanada de San Lorenzo, tiene su fundamento en el estudio de impacto económico que ambas Instituciones realizaron y que concluía estableciendo nefastos efectos sobre el empleo, la disminución de oferta para los consumidores y la destrucción de empresas locales.

Esta oposición me supuso importantes consecuencias, tanto desde el punto de vista personal como empresarial. Recordar la apertura injustificada de un procedimiento penal contra mi persona por las incidencias ocurridas en las concentraciones de oposición al establecimiento; sanciones de tráfico a los vehículos de mis empresas que participaron en dichas movilizaciones y la queja institucional de la Ciudad Autónoma mediante el envío de un dossier al entonces Presidente de la CEOE sobre la actuación de nuestra organización y especialmente de mi actuación como Presidenta.

Desde esa fecha, en repetidas ocasiones, y especialmente en los años 2001 y 2003 se ha reiterado nuestra posición al entender que no se habían producido importantes variaciones respecto a los parámetros del estudio que recomendaba nuestra posición.

Desde ese momento, ambas Instituciones han realizado un permanente seguimiento a la normativa comunitaria, nacional y local que durante estos últimos años iban introduciendo factores que, sin duda, supondrían una influencia decisiva en la regulación de la implantación de este tipo de establecimientos. Esto es fácilmente acreditable por el seguimiento que hemos realizado a la Directiva de Servicios, norma comunitaria que sin duda supone un importante cambio de las reglas del juego. En este sentido resaltar la Jornada Informativa que celebraremos el próximo 23 de febrero y en la que intervendrán como ponentes el prestigioso gabinete de Abogados Gómez-Acebo & Pombo.

Con respecto a la normativa nacional, hemos realizado un seguimiento de toda la legislación que sufre modificaciones con la transposición la normativa nacional de la Directiva Europea y en especial sobre la ley de Ordenación del Comercio Minorista y su tramitación desde el inicio, y que tras la aprobación en el Senado el pasado día 10 se vislumbra de pronta aplicación.

En referencia a la normativa local, y más en concreto respecto de la Ordenanza que regula el trámite para la licencia de este tipo de establecimientos, realizamos las oportunas alegaciones al Proyecto, en la línea de que ambas instituciones estuvieran presentes en su tramitación y en el momento oportuno hacer valer
nuestra posición. Asimismo, se ha procedido a actualizar los datos utilizados en el informe de 1996.

Habiendo quedado acreditada mi preocupación y, no solo eso, sino también la ocupación de ambas Instituciones en los diferentes aspectos que incidían en este tema, llegamos a la situación actual: En atención a la normativa actual, en tanto no quede derogada la Ordenanza, la solicitud debe pasar por el trámite establecido en ella y, en especial, por el informe de ambas Instituciones. Por ello, antes de reiterar nuestro posicionamiento queríamos conocer los pormenores del Proyecto de instalación que han formulado los promotores para la emisión de los correspondientes informes.

Y llegados a este punto, considerando la vigencia de la Ordenanza, esperamos la remisión de la información necesaria y establecida en la Ordenanza para evaluar el Proyecto presentado.

Hay silencios que nunca deben interpretarse como apoyos, teniendo en cuenta los antecedentes manifestados, ya que tienen su origen en el necesario respeto a los procedimientos legales de los que nos hemos dotado, y, en este caso, el procedimiento se encuentra regulado en la citada Ordenanza publicada en el BOME.


MELILLA, 12 DE FEBRERO DE 2010